Esta fecha tiene el objetivo de recordar a los hombres y mujeres cuya "desaparición forzada" constituye un delito que supone la violación de los derechos humanos.

 

 

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El 30 de agosto fue instituido el Día Internacional del Detenido Desaparecido con el fin de aportar al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas, caracterizado como crimen de lesa humanidad por la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU).
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizada en Ginebra, Suiza, el 29 de junio de 2006, se aprobó el proyecto de Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ante la presencia de la presidenta de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
Es importante recordar a todas las víctimas del terrorismo de Estado desaparecidas y a todas aquellas personas cuyos derechos se ven avasallados diariamente por regímenes despóticos y criminales, a las personas privadas ilegalmente de su libertad como producto de la lucha entre grupos del crimen organizado, desaparecidos políticos o personas que han sido secuestradas por redes internacionales.
La problemática de los desaparecidos ha cobrado singular impulso en los últimos 30 años. Organizaciones de derechos humanos calculan que entre 1966 y 1986 unas 90 mil personas desaparecieron en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Haití.  
En nuestro país, gracias al trabajo incansable de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las desapariciones forzadas se han vuelto visibles pero, ¿cuántas personas han desaparecido? Es una pregunta que no tiene respuesta certera porque no hay estadísticas oficiales. Los familiares permanentemente exigen la desclasificación de los archivos militares en los que esperan encontrar información sobre la suerte que corrieron sus familiares.
A pesar de que en el pasado, en cierto modo, se admitió la existencia de información sobre los desaparecidos en las instituciones militares durante las dictaduras, la cúpula de las Fuerzas Armadas niega que en sus oficinas existan archivos clasificados sobre la dura represión contra activistas de izquierda y dirigentes sindicales opositores en las dictaduras que tuvieron lugar entre 1970 y 1980..

 

 
 
 
 

 

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