El 31 de octubre de 1952, fue firmado el Decreto de Nacionalización de las Minas, por el que se revirtieron al Estado los yacimientos e instalaciones de las empresas de Patiño, Hchschild y Aramayo.

 

 

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A partir de 1952, el país vivió el proceso de la Revolución Nacional, que se caracterizó por llevar adelante medidas que cambiaron profundamente las estructuras del Estado y de la sociedad.

El 31 de octubre de 1952, el presidente Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas en el campo de María Barzola en Catavi (Potosí). El decreto se firmó contando con el control obrero; una medida política sin precedente en el continente latinoamericano, que demostraba fehacientemente la importancia capital del poder sindical, cuya fuerza se mostró nítidamente en los doce años de gobierno del MNR.

La nacionalización revertía al estado todos los bienes (yacimientos e instalaciones) de las tres grandes empresas, cuyos dueños eran llamados los “Barones del estaño”: Patiño, Hoschild y Aramayo

Para la administración de las minas se creó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), bajo cuya responsabilidad quedaron la explotación, administración y comercialización de las 163 minas estatizadas. La COMIBOL comenzó su gestión con graves desventajas, escaso capital de operación y sobre todo maquinaria ya obsoleta y muchas vetas en franco descenso de producción o simplemente agotadas. La consecuencia lógica fue un altísimo costo de producción que hacía poco competitiva la exportación estañífera boliviana. A pesar de estas condiciones, el control de la minería por parte del estado, evitó la desmedida fuga de divisas y permitió recuperar el beneficio íntegro de la producción minera para el país, además permitió que importantes recursos se dedicaran a actividades de diversificación económica, muy especialmente para el desarrollo de la agropecuaria y la agro industria en los llanos orientales y a la capitalización de YPFB, lo que potenció a la empresa del petróleo haciéndola rentable y exportadora.

En síntesis la consecuencia fundamental de la nacionalización fue la de haber transformado el funcionamiento del país al trasladarse el control de la economía de manos privadas a manos del estado (en 1952 las minas equivalían a más del 80% de los ingresos totales de la nación).

 
 
 
 

 

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